En el proceso de adopción, Liliana Andrade y Jesús Cabral se han topado en Yucatán con asociaciones que les piden “donaciones” millonarios para poder adoptar un pequeño.
Fotos y texto: Kattia Castañeda
Mérida, Yucatán.- Liliana Andrade y Jesús Cabral, son una pareja que lleva poco más de dos años tratando de ser padres a través de la adopción en Yucatán. Tienen 10 años de casados y durante seis, hicieron hasta la receta de la abuelita para quedar “embarazados”, pero no lo lograron.
El camino hacia la adopción que decidieron emprender en 2019, no ha sido fácil; les causa dolor, decepción e incluso miedo de “destapar algo que no saben” como la trata o abusos de menores, pero mantienen la esperanza de que el cuarto reservado para “Sabik” esté lleno de alegría pronto.
También conservan la ilusión de que en Yucatán, las casi 400 parejas en su misma situación, no bajen el “dedo del renglón”, pues consideran que están en el derecho de formar una familia y los menores de contar con una calidad de vida digna.
Para Voces Libres, Liliana cuenta que el primer obstáculo se dio en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa), dependencia liderada por Teresita Anguas Zapata, cuando completaron ciertos lineamientos que les piden, siendo testigos de una situación burocrática que decidieron callar por temor a no acoger a un pequeño.
El segundo, al asistir con invitación a una asociación ubicada al norte de Mérida, donde al final les pidieron un donativo de aproximadamente 50 mil pesos si querían al bebé; incluso, les sugirieron considerarlo “como si fuera el parto”. Esta experiencia no legal, pero permitida, la plasmaron en la página de Facebook: “Esperando a Sabik” que recientemente bloquearon, pero que resurgió como: “Seguimos esperando a Sabik” .
Durante la pandemia del Covid-19, el Gobierno del Estado anunció que bajo el proceso de adopción se integraron a 119 niñas, niños y adolescentes, situación que congoja a los esposos e hizo que volvieran a la Prodemefa para preguntar qué había pasado con ellos porque cumplían con todo. La respuesta fue que no habían niños y estaban recomponiendo lo que dejó la administración anterior. Hasta les ofrecieron dos niñas, una con SIDA y otra con retraso mental y epilepsia, ambas no controladas.
Buscando más alternativas, se acercaron al DIF y la directora María Cristina Castillo Espinoza los canalizó con la licenciada Caudillo, quien les dijo que esos 119 niños fueron reintegrados a su familia o adoptados de manera directa, pero esta última modalidad, de acuerdo a la experiencia de Liliana, es “una compra venta, no hay mamá que te suelte el niño si pedirte algo a cambio”. Y esto, no va con la moral de ambos.
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Igual les mencionó que ellos no están haciendo las cosas mal, sino que todo se trata de una cuestión legal, así que se acercaron a la unidad de transparencia del Poder Judicial, quienes les respondieron que actualmente 21 niños están en juicio, varios desde hace seis años. “Pasan su vida entera en los albergues y no definen si regresan con los papás o al lugar donde los están esperando”, dijo.
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