Grecia Sosa es una mujer transgénero que dejó de verse a un espejo desde que abusaron sexualmente de ella y comenzó a enfrentar discriminación y restricciones a sus derechos en Mérida.
Texto y fotos: Kattia Castañeda
Mérida, Yucatán.- Faltan 20 minutos para el mediodía. El día es tranquilo y caluroso en Mérida. Grecia Sosa me envía un mensaje a través del WhatsApp para asegurarse que esté en la puerta de una cafetería del Centro Histórico, donde acordamos vernos. El miedo de encontrarse con su agresor, el que abusó sexualmente de ella, era visible. Se baja del DiDi, acecha discretamente, y tomando las medidas necesarias por la pandemia del Covid-19, camina hacia la entrada del establecimiento, donde había varios jóvenes. No tarda en reconocerme y se acerca.
Al subir unas escaleras, le pregunto: “¿cómo estás?“, a lo que me responde, después de hacer una breve pausa: “verdaderamente muy mal; emocionalmente, desecha”, aunque su apariencia es otra, como si estuviera en calma.
Las diligencias que realiza desde que decidió alzar la voz al ser víctima de abuso sexual del argentino-mexicano, Héctor Omar T.N, en 2014, así como las injusticias que sufre de organizaciones, instituciones, ya sean públicas o privadas, hospitales y las personas que le prometen justicia, la tienen cansada y con severas secuelas. El no verse a un espejo, es una de ellas. Se siente un “monstruo“, así que los evita, al igual que a los reflejos como del celular cuando está apagado.
“Me crean un conflicto emocional porque físicamente no me parezco a la persona que era antes“, dice Grecia Sosa, quien tuvo que ser sometida a una cirugía reconstructiva por dichos daños y aún le falta una. No sabe cuándo ni dónde se le realizará, pero la necesita porque su salud cada vez empeora.
Especialistas de la salud mental que también la han tratado, le diagnosticaron estrés postraumático por la agresión sexual que revive cada vez que intenta cerrar los ojos para dormir, así como depresión y ansiedad.
Otras situaciones que enfrenta y le suman a sus daños emocionales y físicos, son la discriminación y revictimización por ser una mujer transgénero.
Colocadas ya en una mesa, en un ambiente solitario y agradable, asevera que nadie sabe lo que siente “Greece“, el nombre que cambió porque las autoridades le dijeron que está en México y “aquí sólo se habla el español“.
“Yo trato de ser fuerte ante los medios (de comunicación), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) para que vean que sí puedo y estoy empoderada, pero llega un momento en el que nadie sabe lo que sufro en cuatro paredes. Entonces es ahí cuando me desmorono, lloro, grito (y me pregunto) cómo es posible que no podamos acceder a la justicia por ser una mujer transgénero. Eso es indignante y no puede ser permisible por la sociedad. Mucho menos las autoridades pueden violentar nuestros derechos que nos pertenecen constitucionalmente“.
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El joven que atiende el lugar se acerca y nos pregunta si ordenaremos. Grecia dice que está bien así, sin beber o comer algo; yo solo pido un café. Ella se cuida porque si se contagia de Covid-19, podría irle fatal porque tiene complicaciones al respirar como parte de las secuelas de la agresión que vivió.
Al retomar la conversación, cuenta que tiene seis años luchando para que su caso no quede impune, es decir, desde el 2016, y al parecer, falta poco para que su agresor quede tras las rejas y pueda recuperar, al menos, su paz emocional.
“Yo eso quiero, para sanar mi mente, mi alma y poder empezar a reconstruirme porque estoy rota“, menciona con los ojos a punto de estallar de lágrimas.
Ser transgénero en Yucatán, es sinónimo de injusticia
Grecia Sosa, quien sufrió doble ataque: el de odio por parte de Héctor Omar T.N y el de las autoridades con discriminaciones y restricciones a sus derechos, suspira e indica que lamenta que su caso sea un “parteaguas“ en la comunidad trans en Yucatán, ya que en 2018 activó con ayuda de un juez federal, por primera vez en el Estado, el Protocolo de Actuación en casos que involucren orientación sexual o identidad de género, pero “dentro de lo que cabe“, dice que siente alegría porque los procesos de las personas que han sufrido lo mismo, serán más justas que la de ella y “fáciles“.
Con una voz más animada, después de recordar su martirio, y sin el afán de presumir, la activista menciona que ha “estado ganando derechos jurídicos que por ley nos corresponden y que simplemente no los han restringido“, aunque considera que la comunidad trans en el Estado continúa en peligro por la homofobia, la transfobia y los crímenes de odio que no se denuncian porque no avanzan o las autoridades cansan para que desistan, como en su caso, aunque sigue luchando.
Sosa confiesa que es complicado pedir ayuda cuando se sufre alguna injusticia y más si influye la identidad de género; ella, por ejemplo, cuando se acercó en 2016 a asociaciones, organizaciones e instituciones como el de la Mujer en Mérida y la comunidad LGBTI+ para solicitar asistencia o guía por su complicado caso, se lo negaron o sacaron provecho.
“En este andar, en búsqueda de justicia, he estado luchando casi sola, porque incluso la comunidad LGBTQ+ me ha negado el apoyo, aunque lo he solicitado en reiterada ocasiones, pero yo solo espero un cambio“, refiriéndose a los bloqueos que enfrenta por ser una persona transgénero.
Primeros pasos hacia la justicia
Sin tapujos, pero cuidando lo que menciona para no entorpecer investigaciones, Grecia Sosa cuenta que en 2019, la Secretaría de Mujeres (Semujeres) tomó su caso y comenzó a asesorarla para que no quede impune; y a seis años de lucha, fue en 2020 y en lo que va de 2021 cuando pudo notar verdaderos avances que, un día, “todo mundo“ le prometió, pero sólo le creó perjuicios.
En junio de 2020, a raíz de la aprobación del recurso de inconformidad, que le fue negada en dos ocasiones (entre 2016 y 2018) cuando era representada legalmente por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), un juez de control determinó que se hagan las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y se imputen los cargos correspondientes a su agresor, quien está libre y la amenaza de muerte junto con su esposa, la dominicana Clara Elena M., así como a las personas, instituciones y organizaciones implicadas en discriminarla y violar sus derechos.
Han transcurrido ya ocho meses desde esto y “todo apunta“ para que pronto se judicialice la carpeta que nunca dejó que las autoridades la cerraran, dice Grecia con ojos de esperanza.
La única preocupación es que su agresor continúa suelto y se vaya a dar a la fuga, una vez resuelto todo, legalmente.
“La Fiscalía ha favorecido a mi agresor sexual. Él viaja fuera del país por su doble nacionalidad. Yo he solicitado que le restrinjan su pasaporte para que no pueda salir del país, ya que tiene dos denuncias: abuso sexual y lesiones graves y son delitos graves, ante la justicia. ¿Cómo es posible que se lo permitan? Y existe la posibilidad de que, como todo ya se está armando para judicializar la carpeta, él pudiera huir, pues es en estas fechas cuando él viaja a Argentina“.
Esperanza de que habrá ¡justicia!
Este 2021, podría “ser el año“ de Grecia o, al menos, para su paz mental. El pasado viernes 12 de febrero, luego de hablar con la prensa para recordar que está pendiente su caso, se reunió con el presidente de la Codhey, Miguel Sabido Santana, y el visitador general de ese mismo organismo, Francisco Mendoza Aguilar, y estos se comprometieron enfrente de ella y su abogado a que no pasará de este mes, o a más tardar, a principios de marzo, que se emita una recomendación en contra de las y los funcionarios públicos que la discriminaron por su condición sexual, restringieron su derecho y acceso a la justicia, así como de los médicos del O’Horán por prestación indebida de servicios públicos.
Algunos de los funcionarios y funcionarias son: Mónica Canto Sánchez, Elsa Mariana Rodríguez Raz, quienes fueron titulares del Departamento de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado (FGE) y omitieron cada una en su tiempo pruebas para que el caso se turnara a los juzgados y se castigara a su agresor; así como Bárbara Andrade Villanueva y Brenda Belén Durán Gómez, actual titular de dicho cargo, y a quien regañaron por un juez de control al ejercer tortura psicológica contra Grecia durante dos años.
“Y le dijo (a Brenda Durán) que es indignante e inhumano integrar una carpeta durante seis años, cuando esto se debió de hacer en 8 meses a más tardar“, expresa Grecia en un tono acelerado y un poco agitada, porque le causa daño acordarse de ellos.
Y aunque no figura entre ellas, en la reunión Grecia sostuvo y recordó que Ileana Braga Lope, también visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), es segunda vez que está investigando el caso y “ya tiene bastante conocimiento porque me visitó en mi domicilio como en 10 ocasiones“.
Igual les mencionó que ya le acreditaron a Braga Lope pruebas desde noviembre del 2020 a la fecha y es por esa razón que el organismo autónomo no debe tardar en emitir la recomendación.
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A “Greece“ le importa mucho si tiene reuniones y entrevistas al oriente, poniente, sur o norte de Mérida, si le dan buenas o malas noticias, porque lo que quiere es volver a verse a un espejo, dormir sin revivir el abuso sexual, salir a la calle segura, sin agresor, volver a su oficio como esteticista y diseñadora de ropa y bolsos. ¡Grecia Sosa, quiere justicia!
Esta nota fue pensada y elaborada por el equipo de Voces Libres. Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor.
