Fotos: Kattia Castañeda
Mérida, Yucatán.- El miércoles 10 de marzo nunca será olvidado por la activista Rocío Quintal, ya que fue testigo de la ineficacia que se vive en el Centro de Justicia para las Mujeres. Mientras esperaba su turno para rendir su declaración sobre un episodio violento en contra de su vecina Jazmín, se percató que el personal en turno no quería atender a Patricia, quien había acudido a denunciar a su esposo.
Mi entrevistada recuerda que Patricia llegó en una silla de ruedas que era empujada por su hijo. Su cara aún tenía sangre y en su cuerpo aún eran visibles los golpes que le había proporcionado su esposo en una vivienda de la colonia El Roble, al sur de Mérida. Era una mujer de escasos recursos, cuyo dolor, más que físico, era moral, ya que ni porque llegaron cinco patrullas su agresor fue detenido.
“Eso era lo que realmente le dolía. Le daba rabia e impotencia ver que su agresor no fue detenido”, comenta la activista y también académica de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady). El personal en turno alegaba que Patricia primero debía ir a un hospital para ser atendida y después podrían tomarle su denuncia. Gracias a la intervención de Rocío Quintal, la mujer pudo denunciar a su agresor.
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En ese sentido, la activista Saskia Niño de Rivera, fundadora de Reinserta, me comentó vía telefónica que el Centro de Justicia para las Mujeres en Yucatán es un fracaso institucional, ya que el sistema de justicia estatal desprotege a las víctimas de violencia de género, como el caso de Patricia, quien tuvo la suerte de que la activista yucateca intercediera para que el personal le tome su denuncia.
Y es que la ineficacia de las autoridades no sólo se ve reflejada con la experiencia que vivió la mujer golpeada de la colonia El Roble, también con la vecina de Rocío Quintal, ya que tuvo que esperar tres horas para interponer la denuncia en contra de Moisés, su expareja sentimental, quien la había agredido afuera de su casa en el fraccionamiento Bosques del Poniente de Mérida.
Era la segunda ocasión que Jazmín denunciaba a Moisés. Aunque existía una querella desde el 2015 en su contra, él seguía libre, pese a que durante 13 años torturó, golpeó y violó a su víctima. Un claro ejemplo de que la protección a víctimas de violencia sólo existe en el discurso de las autoridades estatales. “Vete tú a saber cuántos casos de mujeres violentadas son archivados”, menciona.
Lo más grave de los casos de Patricia y Jazmín es que la directora del Centro de Justicia de las Mujeres, Patricia Gamboa Wong, sabía lo que pasaba. “Si yo le hablé a la directora, le expliqué lo que pasaba y no hizo nada al respecto, ¿qué es lo que viven las mujeres que todos los días van solas sin ningún tipo de apoyo? ¿Qué pasa con aquellas que son pobres o son mujeres mayahablantes?”.
Aunque lo ideal es que cuando una mujer violentada llegue al Centro de Justicia de las Mujeres tenga a su disposición médico, psicólogo y abogado, la realidad no es así, ya que Gamboa Wong le confirmó a mí entrevistada que el médico tenía un horario. “Eran las 11:30 de la noche y no había un médico para atender a nadie”.
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Y es que la protección a las víctimas de violencia sólo existe en el discurso, ya que en realidad a las autoridades no les importa las mujeres violentadas. “Mi vecina tenía puesta una denuncia contra su expareja desde 2015 porque la violaba, la torturaba, la golpeaba y el hombre estaba libre”, reflexiona Rocío Quintal, quien me señala que a veces el dolor de una mujer violentada va más allá del dolor físico, es moral.
Nota: Patricia es un nombre ficticio que se usó para salvaguardar la identidad de la mujer agredida.
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